Implicados en red de corrupción, aprehendidos y vinculados a proceso penal

330
PROCESADOS

La administración del gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, investiga desde hace 15 meses los posibles desvíos de recursos públicos que se dieron durante la gestión de Roberto Borge Angulo y que han vinculado a proceso penal a nueve supuestos implicados en la red de corrupción.

Están involucrados ex colaboradores de mediano y alto nivel -de la pasada administración- en diversos actos de deshonestidad y de igual forma están bajo la mira más de 70 ex funcionarios que también ocuparon posiciones estratégicas en dependencias donde hubo desvíos de recursos públicos.

La Auditoría Superior del Estado (ASE) presentó 27 denuncias contra 84 exfuncionarios en el periodo de Borge por presuntamente estar involucrados en un quebranto al erario por 11 mil 813 millones de pesos.

Aprehendidos y vinculados a proceso

Carlos Alberto Acosta Gutiérrez

El ex director de la paraestatal VIP SAESA fue detenido el pasado 4 de julio y se le acusa del delito por desempeño irregular de la función pública y actualmente se encuentra recluido de manera preventiva en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Chetumal.

Acosta Gutiérrez Es acusado de haber pagado a otras empresas más de mil millones de pesos por la renta de aeronaves para trasladar a políticos, familiares y amigos de Borge. Uno de los que más gozó de estos servicios, a costa del erario, fue el ex mandatario y hoy senador de la República, Félix González Canto.

La renta de aeronaves se hizo a pesar de que VIP SAESA es una empresa paraestatal de Quintana Roo que cuenta con una flota de 22 aviones, además de que las contrataciones favorecieron a empresas cercanas al gobierno como la del senador priista Ricardo Urzúa Rivera, que es socio de la empresa Servicios Aéreos Milenio SA de CV, la cual facturó más de 100 millones de pesos.

VIPS SAESA era dirigida por un Consejo de Administración integrado por el gobernador en turno (en calidad de presidente) y otros funcionarios de alto nivel. Borge, su exsecretario de Gobierno y el ex titular de Finanzas aprobaban todas las operaciones.

En septiembre de 2016, durante una comparecencia ante el Congreso estatal, Acosta Gutiérrez responsabilizó a ese Consejo de Administración de la malas decisiones financieras.

Mauricio Rodríguez Marrufo

Acusado por el delito de desempeño irregular de la función pública fue sentenciado y actualmente se encuentra en libertad. Fue el primer colaborador de Borge en ser detenido.

Rodríguez Marrufo fue secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) en la administración de Roberto Borge, y después se convirtió en secretario del Ayuntamiento de Benito Juárez. La Fiscalía General del Estado lo acusó de haber vendido de manera irregular 113 predios propiedad del estado, al otorgar descuentos en las compras provocando un quebranto al erario por 39 millones 733,176 pesos.

Estuvo preso en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Chetumal, hasta que el pasado 9 de noviembre se declaró culpable y fue sentenciado a través de un procedimiento abreviado. El exfuncionario fue condenado a devolver el total del monto desviado y a 5 meses y 20 días de prisión, pero pudo salir libre con el pago de una fianza. Se desconoce el estatus de los predios.

Paulina García Achach

Es señalada por el delito de desempeño irregular de la función pública, actualmente enfrenta su proceso en libertad.

García Achach fue subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) cuando Mauricio Rodríguez Marrufo era el secretario, por lo que está acusada por el mismo asunto que él: la venta irregular de predios del patrimonio del estado a bajos precios.

También fue detenida en mayo de 2017, pero a diferencia de su exjefe, ella libró la cárcel debido a que pagó una garantía de 39 millones de pesos, a través de seis propiedades ubicadas en Cozumel y de un auto de lujo. A mediados de diciembre, la defensa de la exfuncionaria pretendió que la acusación fuera sobreseída, luego de que Rodríguez Marrufo se declaró culpable, pero un juez determinó que el proceso debía continuar.

Víctor Hugo Loyola Corona

Fue detenido el 3 de septiembre en Yucatán y se le acusa por desempeño irregular de la función pública; en la actualidad está recluido en el Cereso de Chetumal.

Loyola Corona se desempeñó como titular de la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Finanzas. Durante la administración de Roberto Borge fue también integrante del Comité de Adquisiciones de VIPS SAESA, por lo que se le vincula con la realización de pagos injustificados para vuelos por mil millones de pesos.

Roosevelt Ercé Barrón Barrera

Enfrenta el delito por desempeño irregular de la función pública. Estuvo 52 días detenido en el Cereso de Chetumal y hoy día enfrenta su proceso en libertad. Fue detenido el 25 de noviembre cuando intentaba cruzar a Estados Unidos entre Tijuana y San Diego.

Barrón Barrera, ex tesorero en la administración de Roberto Borge, es considerado pieza clave en las investigaciones de corrupción por el desvío de 11 mil 800 mdp de recursos públicos durante el anterior sexenio y por su posición clave en la Secretaría de Finanzas.

Dicha dependencia era la encargada de la recaudación y distribución de todos los recursos y los manejos que desde ella se hacían, y está asociada a varias investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía estatal, como la de los aviones contratados por VIP SAESA, la desaparición de recursos para un programa dirigido al campo y el mal manejo de fideicomisos, como el del impuesto al hospedaje.

“Todas las empresas públicas las dejaron quebradas porque todas las operaciones que hacían estos descentralizados iban a parar a (la Secretaría de Finanzas del estado que era) una licuadora de recursos a donde los transferían sin ninguna lógica institucional”, explicó el secretario de la Contraloría del Estado, Rafael del Pozo.

Roosevelt Ercé Barrón Barrera fue tesorero de la administración de Félix González Canto y en el cambio de gobierno Borge lo ratificó en el cargo, donde estuvo tres años, para luego ser director general de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (Apiqroo).

Durante el proceso, un juez determinó embargar tres propiedades y dos vehículos al ex funcionario, quien a principios de diciembre fue vinculado a proceso con prisión preventiva justificada. El juez dio tres meses para la investigación complementaria. El 18 de enero abandonó la prisión para enfrentar su proceso en libertad, luego de que un juez le otorgó una suspensión provisional.

Ana Alicia Rivera Galera

Enfrenta el delito de peculado. Actualmente está recluida de manera preventiva en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Chetumal. Fue detenida el pasado 28 de diciembre.

La ex directora de recursos financieros de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) está acusada del presunto desvío de al menos mil 600 millones de pesos. De esos recursos, mil 056 mdp corresponden al pago de una contraprestación de la empresa Aguakán a CAPA por la concesión del servicio de Agua en Cancún, Puerto Morelos, Isla Mujeres y Playa del Carmen.

En tanto que 560 mdp son de un crédito solicitado por el organismo. Los recursos nunca fueron reportados a la Secretaría de Finanzas e incluso, al término de la administración, dejaron deudas por 394 millones de pesos.

Un juez determinó prisión preventiva para Ana Alicia Rivera Galera así como el embargo de un predio y dos vehículos como garantía de la reparación del daño.

Paula González Cetina

Está recluida en prisión preventiva en el Cereso de Chetumal y enfrenta el delito por peculado. El pasado 3 de enero, un día antes de la extradición de Borge desde Panamá, la exdirectora de CAPA fue vinculada a proceso.

Al igual que Ana Alicia Rivera Galera, González Cetina está acusada de desvíos cercanos a los mil 600 mdp cometidos durante su gestión al frente del organismo. La exfuncionaria acudió a la audiencia después de que no se presentó a un primer citatorio.

Gabriel Mendicuti Loría

Es señalado por el delito de desempeño irregular de la función pública y actualmente está recluido en prisión preventiva en el Cereso de Chetumal. Fue detenido el 20 de enero. El ex funcionario había acudido a un evento del precandidato presidencial priista, José Antonio Meade, lo que habría llevado a su captura.

En contra del ex secretario de Gobierno en la administración de Roberto Borge hay acusaciones por el presunto desvío de 534 millones de pesos del erario quintanarroense. Dos días después de su captura, en una audiencia que se extendió por más de siete horas, un juez le dictó prisión preventiva.

Como medida cautelar se determinó embargar 18 inmuebles en Playa del Carmen, uno más en Mahahual y 21 vehículos.

Mauricio Góngora Escalante

El ex presidente municipal de Playa del Carmen y también ex candidato a gobernador por el PRI, fue arrestado el pasado jueves en la Ciudad de México por agentes de la Fiscalía Anticorrupción de Quintana Roo y ahora enfrenta las acusaciones de un presunto desvío por 400 millones de pesos durante su administración.

En junio del año pasado, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y la Fiscalía estatal abrieron una investigación contra Góngora Escalante por el presunto desvío de 200 millones de pesos para beneficiar su campaña electoral.

Según el diario Reforma, los recibos de esos recursos fueron firmados por Mauricio Góngora Escalante, quien los recibió por parte del subsecretario de Hacienda del gobierno de Roberto Borge Angulo.