Donald Trump hablaba en serio cuando prometió en campaña que volcaría todas sus fuerzas en hacer frente a la inmigración ilegal, y no está solo, cuenta con sus fieles partidarios de Florida, además del temor con el que hace casi un mes viven los inmigrantes.
El gobernador Ron DeSantis está convencido de que deben pagar ciertos delitos con la más extrema de las sanciones, es decir, con su vida; en tanto, los migrantes viven en constante zozobra cuando envían sus hijos a la escuela o van de compras al supermercado.
Varios legisladores del “Estado del Sol” pretenden implementar la pena de muerte de manera “automática” y “obligatoria” para quienes permanecen de forma ilegal en el país, y hayan sido condenados por delitos capitales.
La propuesta despierta desacuerdos entre republicanos, demócratas y aquellos conocedores de la ley, que la tildan de inconstitucional.
Se trata de un proyecto que asegura que el tribunal “condenará a muerte a un acusado que sea extranjero no autorizado” y que haya sido declarado culpable de un delito capital.
Es decir, se limita al margen de decisión del juez o un jurado, condenando a todos por igual sin analizar las individualidades de cada caso, sin tener en cuenta factores “agravantes” y “atenuantes” en el proceso.
Los proyectos de ley HB 3C y SB 4-C darían luz verde a que los tribunales apliquen la pena máxima a indocumentados condenados por asesinato en primer grado, violación de menores, así como el tráfico de sustancias controladas.
Se trata, según la legislación floridana, de delitos capitales en el estado de Florida. También extiende la pena capital a los inmigrantes ilegales que sean miembros de bandas delictivas.
En un memorando a los legisladores, el presidente del Senado, el republicano Ben Albritton y el de la Cámara, Danny Pérez, aseguran que el propósito principal de aprobar esas leyes era “combatir la inmigración ilegal”.
“Si un inmigrante ilegal es condenado por un delito capital, incluido el asesinato o la violación de un menor, la pena de muerte es obligatoria”, sostuvieron.
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Con la medida de pena de muerte, DeSantis y los adeptos de Trump en Florida estarían infundiendo el miedo y garantizando que se cumpla la política antiinmigrante del actual presidente, en un estado donde hoy viven más de seis millones de latinos.
Para ello se proponen destinar 250 millones de dólares en subvenciones a las fuerzas de seguridad locales, y 48.2 al Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor, encargados de aplicar la ley.
