El equipo mexicano de natación artística presentó su tercera y última rutina en París 2024, con referencias a Chalchiuhtlicue, también conocida como Matlelcuaye, diosa mexica de los lagos y las corrientes de agua y pareja de Tlaloc.
Sabedoras de que el podio ya no era una posibilidad, las nadadoras ofrecieron un performance excelente, quitadas de la presión y con el único objetivo de completar su acto y divertirse.
Fueron las octavas en saltar a la piscina y su puntuación de 263.4 fue la tercera mejor hasta ese momento, hasta que salieron los equipos de Estados Unidos y China, ganadoras de la plata y el oro respectivamente.
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España ganó el bronce (primera medalla en este deporte desde Londres 2012) y las locales se quedaron con el cuarto lugar.
El equipo mexicano estuvo conformado por Joana Jiménez, Pamela Toscano, Regina Alférez, Fernanda Arellano, Itzamary González, Jessica Sobrino, Samantha Rodríguez, Glenda Izunza y Nuria Diosdado. Esta última registra cuatro Juegos competidos y es una de las nadadoras mexicanas más laureadas de toda la historia con 37 medallas.
Todos los deportistas acuáticos de México compartieron el mismo malestar: se quedaron sin becas deportivas que, por ley, debe otorgar el Gobierno. Después de Tokio 2020, todo estalló en la Federación Mexicana de Natación cuando su presidente, Kiril Todorov, fue acusado por la Fiscalía de desviar más de 150 millones de pesos. Eso provocó que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) extinguiera a la federación, sin tomar en cuenta que el futuro de los nadadores y clavadistas quedaría en un limbo.
Eso provocó que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) extinguiera a la federación, sin tomar en cuenta que el futuro de los nadadores y clavadistas quedaría en un limbo.
El organismo internacional, la World Aquatics, intervino en favor de los deportistas para montar un comité estabilizador que fue presidido por la también presidenta del Comité Olímpico Mexicano, Mary José Alcalá. Eso no gustó a la comisionada Ana Guevara que ha insistido hasta el cansancio que el Gobierno mexicano no podía otorgar recursos a un ente privado, en este caso el comité estabilizador, debido a que se trataba de un ente privado y extranjero. Esa paralización administrativa pasó factura.
