Chetumal.- Al menos dos de los cinco magistrados del nuevo Tribunal Superior Administrativo son militantes o tienen nexos con el Partido Acción Nacional (PAN), pues uno es sobrino de una diputada federal y otra fue candidata plurinominal en el último proceso electoral. Además, otro es acusado de no contar con la residencia mínima exigida, pues se le acusa de fungir como funcionario en el Estado de México hace menos de dos años.
Ayer, la Diputación Permanente del Congreso del Estado, compuesta por tres panistas, dos perredistas y los legisladores de Encuentro Social y Nueva Alianza, seleccionaron a los cinco magistrados del nuevo tribunal, parte del Sistema Estatal Anticorrupción, con base en las propuestas hechas llegar por el Ejecutivo.
SOBRINO DE DIPUTADA FEDERAL
Entre los seleccionados, con un periodo de ocho años, está Antonio Sánchez Urrutia, sobrino de la diputada federal Patricia Sánchez Carrillo, además de haber sido en los últimos meses secretario del Órgano de Consolidación del Sistema de Justicia Penal, y antes de eso director del Periódico Oficial.
Una imagen de una cuenta de redes sociales se le muestra felicitando a su tía panista durante su primer informe de labores.
También elegida, por un periodo de seis años, fue Isabel Cecilia González Glennie, quien figuró como candidata plurinominal del blanquiazul en los últimos comicios estatales. Antes de eso, en 2013, fue la suplente de síndico en la planilla del PAN-PRD para Benito Juárez. Hasta hace poco era delegada del CEN de Acción Nacional en Quintana Roo, además de jurídica de la Administración Portuaria Integral (Apiqroo), que administra la panista Alicia Ricalde Magaña.
SURGE POLÉMICA
Fuentes al interior del Congreso del Estado señalan que estalló la polémica por la designación de Fernando Gama Rodríguez, que trascendió fue funcionario en el Estado de México hasta 2015, por lo que no cumple con la residencia mínima requerida, lo que habría ocultado de su currículum.
Al respecto, el Congreso del Estado emitió un comunicado en el que dicen desconocer la veracidad de esto, que será investigado por la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos y de la Dirección de Apoyo Jurídico, ambas del Poder Judicial, además de estar “atento a lo que el propio aludido tenga que señalar”.
DOS MÁS
Completan el quinteto de magistrados Alfredo Cuéllar Labarthe, quien fungió como abogado de la empresa First National Security de Cancún, luego de que ésta fuera intervenida por la Procuraduría General de la República (PGR).
Se ignora si tiene algún parentesco con Óscar Cuéllar Labarthé, quien laboraba en el Ayuntamiento de Benito Juárez en la administración de Julián Ricalde, antes de ser postulado en 2013 como candidato a diputado local por el PRD. Después de ese fallido proceso, Óscar Cuéllar se reubicó a la Ciudad de México donde actualmente trabaja, curiosamente, en Director de Servicios Legales de la PGR.
También figura Mónica Valencia Díaz, quien era titular de la Unidad de Amparos y Vinculación Institucional del Consejo de la Judicatura, además de ser instructora y capacitadora de la Escuela Judicial.
