Érase una vez una deuda pública municipal que creció 1,222% en un lapso de menos de 15 años. Ésta es la historia del empeño de las finanzas públicas de Solidaridad, Quintana Roo, por parte de los alcaldes de este paraíso turístico, cuya cabecera es Playa del Carmen.

La polémica sobre el incremento de la deuda pública de esta localidad, de 133 millones de pesos (mdp) a 1,758 mdp entre los años 2002 a 2016, se dio a notar a nivel nacional cuando el gobernador, Roberto Borge, solicitó un crédito por 1,030 millones de pesos para refinanciar la deuda de dicho municipio —el más endeudado per cápita del país durante 2015, según la Auditoría Superior de la Federación (ASF)—, como parte de una serie de iniciativas que, según especialistas y la oposición, pretendían “blindarlo” de posibles investigaciones sobre corrupción, y que se conoció como “paquete de impunidad”.

Estos compromisos financieros también provocaron controversia a nivel político, pues la oposición acusó que los recursos públicos de Solidaridad —cuyo último alcalde, Mauricio Góngora, compitió como candidato del PRI a gobernador de Quintana Roo en los pasados comicios que ganó el candidato del PAN-PRD, Carlos Joaquín— eran usados como “caja chica” con fines electorales por el grupo político de Borge.

El paquete legislativo de Borge fue aprobado por diputados locales del PRI-PVEM-Panal-PT-Movimiento Ciudadano, quienes además avalaron una treintena de cuentas públicas, incluida la del municipio de Solidaridad, cuyos pasivos contables no se reducen a los mencionados 1,758 mdp, pues hay que sumarles adeudos con proveedores y contratistas. No obstante estos montos se desconocen públicamente, el Congreso avaló la cuenta pública municipal.

Estas cifras, de acuerdo con diputados locales del PAN y PRD, comprometen al 100% las participaciones federales que tocan a Solidaridad, ya que, para pagar, se puso como garantía los recursos provenientes de los ramos 28 y 33. Esto pone en riesgo la operatividad de la siguiente administración municipal, que encabezará Cristina Torres Gómez —que se pronunció en contra del préstamo—, en la primera vez que la oposición gana las elecciones.

Solidaridad es el cuarto municipio más endeudado de todo México, después de Tijuana (2,573.6 mdp), Guadalajara (2,258.2 mdp), y Monterrey (1,965.9 dmp), según datos de la Secretaria de Hacienda. Pero, si esta cantidad se divide entre población, es la localidad con mayores créditos per cápita a nivel municipal: cada habitante debe cerca de 11,000 pesos, comparado con los 1,650 pesos que adeuda un tijuanense, y los 1,510 pesos de un tapatío.

El endeudamiento de Solidaridad inició en la administración del alcalde Gabriel Mendicuti Loría (2002-2005), exsecretario de Gobierno de Roberto Borge, cuando en ese entonces solicitó 150 millones de pesos para construir obra pública, aunque el Congreso sólo le autorizó 133 millones de pesos.

A pesar de la polémica que en ese momento generó este préstamo, la inversión permitió a Playa del Carmen empezar a cambiar su descuidada imagen de terracería a un centro turístico que aspiraba a ser de primer nivel. El municipio de Solidaridad estaba en plena expansión.

Con la llegada de Carlos Joaquín González (2005-2008), hoy gobernador electo, quien había fungido como tesorero de la administración de Mendicuti Loria, el municipio empezó a registrar un acelerado crecimiento en sus finanzas, que rápidamente lo convirtieron en el segundo ayuntamiento con más ingresos de Quintana Roo, sólo superado por Benito Juárez (Cancún). Sin embargo, la deuda con bancos y proveedores también empezó a crecer.

Con la experiencia de haber participado en la solicitud del primer préstamo de Solidaridad, Joaquín González solicitó un segundo crédito revolvente por otros 130 mdp.

Sin embargo, cuando entregó el Ayuntamiento al próximo alcalde, Román Quian Alcocer (2008-2011), hoy secretario de Gobierno del estado de Quintana Roo y exdiputado federal, la deuda con proveedores ya era de 214 millones de pesos, cantidad superior a los cerca de 130 millones de pesos que aún se debían del crédito bancario solicitado por Mendicuti. Es decir que, al cierre de 2008, la deuda del municipio era de alrededor de 340 millones de pesos.

Durante la administración de Quian Alcocer, el tema de la deuda sólo se mantuvo controlado, pero no disminuyó. De acuerdo con una solicitud de información realizada en 2015, cuya copia tieneExpansión, al cierre de la administración de Quian Alcocer, la deuda de Solidaridad ascendía a poco más de 409 millones de pesos.

Este monto era controlable porque el presupuesto de Solidaridad ya rebasaba los 1,000 millones de pesos, y más del 60% de sus ingresos eran propios, mayormente por la captación del impuesto predial.

Posteriormente, llegó a la presidencia municipal Filiberto Martínez Méndez y el tema de la deuda se disparó. En su primer año, el Cabildo de Solidaridad le aprobó un presupuesto histórico de ingresos y egresos por 1,623 millones 784,000 pesos.

Adicionalmente, el entonces alcalde pidió —y se lo autorizaron en el Cabildo y en el Congreso el 15 de diciembre de 2011—, un crédito bancario por 386 millones 326,371 pesos, a pagar en 15 años, el más alto solicitado por el Ayuntamiento de Solidaridad.

Martínez Méndez pidió esta millonaria cantidad para construir una decena de obras de infraestructura que no se concluyeron, o en el peor de los casos ni se iniciaron durante el tiempo que fungió como alcalde; la mayoría de las obras fueron abandonadas. Dentro de este crédito también se incluyó la presunta adquisición de arcos detectores de metales para vehículos, con una inversión de 83 millones 315,862 pesos, cuya compra nunca se comprobó.

Al cierre de esta administración, la deuda de Solidaridad ya se había disparado de los 409 millones de pesos heredados por Quian Alcocer a poco más de 996 millones de pesos.

Martínez Méndez renunció antes de que terminara su periodo para buscar ser candidato a una diputación local, y en su lugar fue designado Rafael Kantún Ávila como alcalde interino, quien solicitó otros 300 millones de pesos de crédito bancario, aunque en realidad no los alcanzó a ejercer, sino que los ejerció el siguiente alcalde, Mauricio Góngora Escalante.

El entonces titular de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo (Aseqroo), Emiliano Novelo Rivero, confirmó que los exalcaldes Martínez Méndez y Kantún Ávila incurrieron en anomalías en el ejercicio del gasto público durante su gestión.

Con base en los resultados de la Cuenta Pública, el auditor estatal detalló que los expresidentes municipales contrataron el crédito de 386 millones de pesos para la realización de ocho obras, la mayoría de las cuales no fueron concluidas.

Novelo Rivero mencionó que el entonces alcalde Mauricio Góngora Escalante ha solventado algunas de las observaciones de la Aseqroo, pero “los problemas” persisten.

“Eso se tiene que resolver. ¿Con qué recursos? Eso si no lo sé, pero tienen que terminar (las obras)”, dijo el auditor a Proceso. El Congreso aprobó como parte de las propuestas del gobernador Borge —denominadas por la oposición como “paquete de impunidad”— designar como nuevo auditor a Javier Félix Zetina González, primo del exgobernador Félix González Canto, considerado “padrino político” del actual mandatario.

A principios de 2014, el nuevo alcalde, Mauricio Góngora Escalante, negoció con la banca comercial una reestructuración de la deuda pública de Solidaridad, que para entonces ya era de 817 millones de pesos, sin contar los adeudos a proveedores y contratistas. A mediados de 2015, la deuda ya era de aproximadamente 1,432 millones de pesos, de los cuales 942 millones corresponden a deuda contraída con la banca comercial, luego de un nuevo préstamo solicitado en este trienio para liquidar adeudos con proveedores.

El refinanciamiento solicitado, por un monto de 1,030 mdp, fue a un plazo de 20 años, que serviría también para pagar compromisos con proveedores; del resto de la deuda con proveedores, no se tuvo conocimiento sobre cuándo se podrá pagar. En sólo dos años de gobierno, Góngora Escalante elevó la deuda total del municipio en alrededor de 436 millones de pesos, y el presupuesto del municipio aprobado para 2016 apenas supera los 1,600 millones de pesos. (Expansión, nota completa en http://expansion.mx/nacional/2016/07/18/relato-de-un-naufrago-financiero-la-deuda-publica-ahoga-a-playa-del-carmen)