CANCÚN, 9 de septiembre de 2024.- La XVIII Legislatura de Quintana Roo se apresuró a aprobar las reformas a la Constitución local, y uno de los principales apartados fue la ampliación del mandato del fiscal general hasta el año 2036, y desapareció el Tribunal de Justicia Administrativa, por “duplicidad de funciones”.
El nuevo periodo de 12 años para Raciel López Salazar contará a partir de la entrada en vigor del decreto, no desde su nombramiento en julio de 2023; por lo que volverá a rendir protesta y le “regalaron” un año, por lo que en los hechos estará 13 años en el cargo.
Las reformas a la Constitución local promovidas por Morena para renovar el sistema estatal anticorrupción fueron aprobadas fast track el pasado sábado. En horas sometió a votación los dictámenes en comisiones para turnaros a los municipios para su ratificación.
Con el voto a favor de los diputados de Morena y sus aliados, los partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM), y hasta el Revolucionario Institucional (RI), se aprobó la iniciativa para crear el nuevo Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción.
La iniciativa fue presentada por Morena en la anterior Legislatura y quedó lista tras ser aprobada en comisiones para sólo ser ratificada por los 11 ayuntamientos. En la misma también se acordó sustituir a magistrados y titulares de los órganos internos de control.
Además, aprobaron una reforma a la normatividad ambiental para prohibir a notarios y al Registro Público de la Propiedad la inscripción de ventas de bienes de proyectos inmobiliarios o comunales que no cuenten previamente con las autorizaciones de impacto ambiental.
No asistieron los diputados del PAN, Reyna Tamayo Carballo y Ángel Álvarez Cervera, así como el de Movimiento Ciudadano, José Luis Pech Várguez, por lo que las reformas fueron aprobadas por unanimidad por la supermayoría formada por Morena, PVEM y PT.
En cuanto a la aparición del nuevo Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción, la gobernadora deberá mandar al Congreso las ternas para nombrar a los cinco nuevos magistrados en un plazo no mayor a 15 días hábiles después de la entrada en vigor del decreto.
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Con las reformas fast track del sábado pasado, los magistrados que sean designados durarán en el cargo 12 años, con un presidente que durará cinco con posibilidad de una reelección.
