Buscadoras critican al gobierno por rechazar señalamientos de ONU sobre desapariciones
Buscadoras critican al gobierno por rechazar señalamientos de ONU sobre desapariciones. Exigen respuestas firmes al grave problema.
La descalificación del gobierno de Claudia Sheinbaum al informe del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas (CED) detonó la respuesta de familias buscadoras de la Ciudad de México, quienes sostuvieron que el documento no es “tendencioso” ni “falto de rigor”, sino el reconocimiento internacional de una crisis de desapariciones vigente que el Estado “se niega a asumir”.
Las familias dijeron, en un posicionamiento escrito, haber recibido “con indignación absoluta” la postura oficial.
“La decisión histórica del CED de llevar la situación de México ante la Asamblea General de la ONU con carácter de urgencia confirma que la crisis de desapariciones ha superado la capacidad del Estado. La disputa por el diagnóstico no nos devuelve a nuestros seres queridos”, reclamaron de forma vehemente las buscadoras.
Unas horas después de que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Gobernación (Segob) emitieron un comunicado conjunto en el que arremetieron contra el informe del CED, este 2 de abril, los colectivos Mariposas, Hasta Encontrarles, Una Luz en el Camino, Lirios Buscadores Izcalli y Luciérnagas cuestionaron su sustento jurídico, lo calificaron de “tendencioso” y acusaron a sus integrantes de actuar con “ligereza” y posible “conflicto de interés”.
El Comité de personas buscadoras, en contraste, concluyó que existen “indicios fundados” de que en México “se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad”, al identificar “múltiples ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil en diferentes momentos y en diferentes partes del país”, y decidió remitir el caso al secretario general de la ONU, António Guterres, para su consideración ante la Asamblea General.
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En su respuesta, el gobierno federal sostuvo que el informe se centra en hechos ocurridos entre 2009 y 2017 —durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto— y afirmó que, “a diferencia de periodos anteriores”, no existen indicios de una política federal de ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil en las administraciones recientes.
Las familias buscadoras de la capital mexicana respondieron directamente a ese planteamiento: “Las desapariciones forzadas siguen existiendo, no son cosa de administraciones pasadas”.
Para nosotras, el diagnóstico de la ONU no es una postura política ni un ataque a la soberanía; es el eco de nuestras voces y el reconocimiento de una tragedia que el Estado mexicano se niega a encarar.
Agregaron que el "gobierno afirma que el informe carece de sustento. Nosotras respondemos: el rigor jurídico está en las más de 133 mil sillas vacías en nuestras mesas (pese al intento de rasurar el registro) y en los más de 83 mil cuerpos y restos que el Estado mantiene acumulados sin identificar”.
En la opinión de las víctimas indirectas, la descalificación del CED implica desconocer tanto la evidencia acumulada como el trabajo realizado fuera de las instituciones, cuyo labor es muchas veces nula o si acaso mínima.
Es descalificar años de nuestra propia documentación, de peritajes independientes y del testimonio de quienes hemos tenido que aprender leyes y antropología forense ante la omisión de las autoridades.
Entre otras cosas, las familias exigieron al Gobierno de México que acepte su responsabilidad en la crisis de desapariciones y que acepte la grave problemática que se vive en lugar de solo querer maquillar cifras. Piden que haya una respuesta real y que se busque justicia para todas estas personas.
Con información de Proceso.
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