El diputado local del Partido del Trabajo (PT) en Jalisco, Leonardo Almaguer Castañeda, estuvo en prisión en la década de los 2000 por los delitos de robo calificado y delincuencia organizada, según documentos oficiales, como la averiguación previa 427/2004 de la Agencia Especializada de Robo a Vehículos de Carga Pesada de la entonces Procuraduría de Justicia del Estado.
De acuerdo con los expedientes, Almaguer Castañeda ingresó al Reclusorio Preventivo del Estado de Jalisco, en Puente Grande, el 5 de septiembre de 2004, luego de ser detenido junto con otras cinco personas que integraban una banda dedicada al robo de camiones repartidores de cerveza.
El 13 de septiembre de ese año se informó que los integrantes del grupo quedaron sujetos a proceso penal por los delitos de robo calificado y delincuencia organizada. En el expediente se detalla que la banda participó en al menos nueve atracos y que, en uno de ellos, Almaguer Castañeda amenazó con un arma de fuego al chofer de la unidad y a su acompañante.
Casi tres años después, el 16 de febrero de 2007, el hoy legislador solicitó la suspensión del proceso penal. En un escrito firmado como sentenciado, presentó un comprobante de depósito expedido por la Secretaría de Finanzas con el 1585 3123, correspondiente al monto fijado como condición para acceder a dicho beneficio legal, conforme al artículo 71, fracción tercera.
Actualmente, Leonardo Almaguer Castañeda ocupa una diputación local de mayoría relativa por el distrito 13. La legislación electoral en Jalisco establece como requisito de elegibilidad no contar con antecedentes penales, por lo que su registro como candidato genera cuestionamientos.
Destaca que esta información se dé a conocer cuando Leonardo Almaguer ya lleva en el cargo un año y tres meses.
También llama la atención que el legislador mantuvo una postura crítica frente al gobierno de Jalisco y al gobernador Pablo Lemus Navarro, particularmente en el tema del transporte público.
El diputado cuestionó el incremento a la tarifa, así como los cambios en el modelo de prepago que condicionan el acceso a la tarifa de 11 pesos y no a la de 14.
En ese contexto, Almaguer Castañeda impulsó, junto con la diputada del partido Futuro Tonantzin Cárdenas Méndez, una petición para la realización de un referéndum con el objetivo de revertir el aumento a la tarifa del transporte público. Esta iniciativa generó molestia en el gobernador Pablo Lemus Navarro, quien lanzó críticas públicas contra ambos legisladores.
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El mandatario estatal acusó a Almaguer Castañeda y a Cárdenas Méndez de azuzar a participantes en una manifestación contra el alza al transporte público y de provocar daños tanto en la Catedral de Guadalajara como en el Palacio de Gobierno de Jalisco.
“Aquí en Jalisco se respeta el libre derecho a la manifestación pacífica, pero de construir Palacio de Gobierno, hacer pintas en la Catedral contra católicos y no permitir la libre creencia religiosa, eso es como ellos quieren manifestarse; me parece patético y hay que señalarlo. Es el coordinador Almaguer y es la coordinadora Tonantzin, que han tenido una relación muy cercana últimamente. Digamos que el PT y Futuro ya son lo mismo. Y lo curioso es escuchar que van a llamar a un referéndum, cuando Futuro no existe y cuando el PT no tiene registro”, expresó Pablo Lemus en su momento.
Hasta el momento el aludido ni el PT no han dado su versión sobre estos hechos.
Para el estado, el impedimento legal para que una persona con antecedentes penales compita por un cargo público se encuentra fundamentado principalmente en la Constitución Política del Estado de Jalisco Art. 20, en armonía con el Código Electoral y de Participación Ciudadana Artículo 10 que establecen que los candidatos “no deben haber sido sentenciado por delito doloso”.
Con información de Proceso.
