La aprobación de una ley en Madagascar que permite la castración como castigo para los violadores de menores ha generado controversia a nivel internacional en las últimas semanas.
La medida, que contempla tanto la castración química como la quirúrgica, ha suscitado opiniones encontradas, especialmente entre grupos defensores de los derechos humanos, como Amnistía Internacional.
La organización ha instado a derogar esta ley, argumentando que es cruel, inhumana y degradante, y que vulnera los derechos fundamentales de los condenados.
La nueva legislación surge como respuesta al preocupante aumento de casos de violación de menores en el país, con 600 casos registrados en 2023, según estadísticas del año pasado.
Aunque las autoridades buscan abordar esta problemática social de manera drástica, la reacción internacional ha sido intensa, con Amnistía Internacional liderando la oposición.
La organización sostiene que la castración como castigo es una violación de los derechos fundamentales y no garantiza la disminución de la cifra de violaciones hacia menores. Además, argumenta que este tipo de medidas extremas pueden tener efectos contraproducentes, generando preocupaciones sobre la posibilidad de perpetuar la violencia y el estigma hacia los condenados.
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La controversia se profundiza debido a que la castración, ya sea química o quirúrgica, es una medida extrema que ha sido objeto de debate en muchos países por sus implicaciones éticas y de derechos humanos. La sociedad malgache se encuentra dividida sobre la eficacia y ética de esta nueva ley, mientras que el gobierno defiende la necesidad de medidas fuertes para proteger a los menores y disuadir a posibles agresores.
Con información de digame.com
