Las inconformidades por parte de un grupo de agentes la Policía Ministeral supuestamente son por exigencias salariales, excusa que resulta inverosimil, pues actualmente ganan el doble de lo que hace dos años, cuando se les aprobó un incremento de 100% a sus sueldos.

Estos trabajadores de la Fiscalía General del Estado han protagonizado una serie de acciones desde hace algunas semanas, como manifestaciones, pero también ataques mediáticos a través de filtraciones en redes sociales, en contra del titular de este organismo. Estos últimos ataques delatan su verdadero propósito, desestabilizar la corporación para así evitar la “limpia” emprendida en la Fiscalía, con exámenes de control y confianza y mayores exigencias y transparencia en el manejo de expedientes.

El secretario de Gobierno, Arturo Contreras, comentó en reciente entrevista que él participó como mediador en las negociaciones salariales de hace dos años, para este organismo autónomo, en donde se acordó este incremento del 100%. Por tal motivo, que regresen a la misma exigencia no resulta creíble.

Como continuadora de la Procuraduría General de Justicia, la Fiscalía heredó una de las corporaciones más desaseadas y corruptas en la entidad, con un alto mando detenido en compañía de la entonces líder del grupo de Bonfil, “Doña Lety”, más de 40 elementos involucrados en la tortura de Héctor Casique, que después fue misteriosamente asesinado, con una bodega llena de expediéntes ya en estado de putrefacción, mientras otras causas eran “armadas”, para la detención de gente de manera “exprés” o para el despojo de propiedades, disfrazado de aseguramiento.

Sin una procuración de justicia eficiente y neutra, es imposible hablar de un estado de derecho, razón por el que la limpieza de este organismo es tarea prioritaria.

Con la llegada del actual fiscal, Oscar Montes de Oca, múltiples anomalías o malas prácticas fueron detectada de inmediato, como el tener gente sin estudios de leyes trabajando en la integración de expedientes, o el que no se tenga un control central sobre las investigaciones y sobre los litigios.

También, y esto último por ser exigencia legal, han continuado los exámenes de Control y Confianza, en donde cerca de 50 agentes fueron reprobados, ya sea por no poder explicar su patrimonio, no pasar la prueba de polígrafo o alguna otra situación irregular. Todavía están en la corporación, pues tienen derecho a una segunda prueba, pero de fallar de nuevo, por ley deberán ser dados de baja.

Esta es la situación técnica-legal que ellos quieren llevar al ámbito político. Quieren generar inestabilidad y dejar mal al fiscal ante la opinión pública, para que se logre un acuerdo y se les exima de estos exámenes. Hasta ahora, las autoridades no han caído en este juego; sin embargo, estos inconformes ya han acudido a los diputados del Congreso del Estado, que por razones electorales podrían brindarles cobijo para que continúen enquistados en la Fiscalía.

Queda por verse si el compromiso de estos legisladores en favor de la ciudadanía resulta ser mayor que la ambición política, que los haría cómplices de estas mafias al interior de la Fiscalía.