Chetumal.- A pesar de existir una recomendación emitida por el Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), perteneciente a la Organización de las Naciones Unidas, en Quintana Roo el tema de la despenalización del aborto continúa estacada en el Congreso del Estado, cuya anterior legislatura terminó su periodo sin abordar el tema.
Actualmente, en Quintana Roo la interrupción del embarazo está permitida únicamente bajo ciertos condicionantes, a saber: que sea producto de una violación, que el feto sea inviable o que exista un riesgo para la vida de la madre. De lo contrario, se castiga con hasta dos años de cárcel, al igual que la prohibición de practicar medicina para el doctor que realice el procedimiento.
VIAJAN A CIUDAD DE MÉXICO
En los hechos, esto significa que mujeres que buscan abortar, si tienen recursos, viajan a la Ciudad de México (estadísticas muestran que 101 mujeres de Quintana Roo acudieron a la capital del país para este procedimiento). Si no tiene los recursos, entonces deben arriesgarse con procesos clandestinos que a menudo ponen en riesgo su vida.
Es con esta óptica que el Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, en su último informe para México, emitido en julio del año pasado, reconoció los esfuerzos de armonizar la leyes estatales para permitir aborto en casos de violación y en prevenir embarazos en adolescentes; sin embargo, expresó su preocupación por leyes penales estatales que restringen el acceso al aborto legal “y siguen obligando a las mujeres y a las niñas a someterse a abortos en condiciones de riesgo que ponen en peligro su salud y su vida”.
ACCESO AL ABORTO LEGAL
Por ello, recomendó acelerar la armonización de leyes para garantizar el acceso al aborto legal y, aunque no haya sido legalizado, a los servicios de atención posterior al aborto.
En reacción a esta y otras diversas recomendaciones, el gobernador del Estado, Carlos Joaquín González, ingresó en abril de este año una iniciativa de ley ante el Poder Legislativo para atender temas como la mortandad materna, el garantizar una vida libre de violencia, y además la despenalización del aborto, dentro del primer trimestre de gestación.
Sin embargo, los diputados de la XV Legislatura no atendieron esta iniciativa, que se estancó en comisiones.
Esto generó que el colectivo “Marea Verde” se manifestara y exigiera que se le diera trámite a esta iniciativa, derivada de una recomendación internacional.
Para colmo, junto a esta iniciativa se conjuntó otra, de la diputada independiente Sonia López Cardiel que, aunque garantizaba atención médica para casos de aborto legal (por violación o salud), algo que ya existe, además indicaba la esterilización de la paciente en caso que fuera una segunda vez, lo que fue ampliamente criticado, además de ser una violación a los derechos humanos.
A pesar de llamar a tres periodos extraordinarios, la iniciativa no fue votada. En su última sesión, se aplicó la nueva ley de caducidad legislativa y todas las iniciativas aún en comisiones fueron eliminadas, incluida esta.
Queda ver si los nuevos legisladores de la XVI Legislatura abordan el tema.
