Es viernes 23 de mayo de 2014. Caribe mexicano. El mar turquesa de Tulum, Quintana Roo. La arena blanca y esos primeros rayos del sol que luchan por desterrar la modorra de los vacacionistas mexicanos y europeos que se hospedan en el hotel boutique Playa Azul.

Apenas pasan las 7 de la mañana. Aún no es horario laboral, pero el actuario Freddy Ricardo Quintal Bojórquez y tres de sus compañeros de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje número 2 de Cancún, irrumpen el idílico despertar de este lugar que, por 210 dólares la noche, te acoge en sus cabañas de techos de palmas, terrazas de madera y un pequeño bar a la orilla del mar.

Los funcionarios dependientes de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social local vienen a arrebatar este pedazo de paraíso sin identificarse ni mostrar una orden escrita, pero acompañados de cuatro camionetas llenas de policías municipales armados. En otras ocasiones, en propiedades cercanas, llegaron con grupos de choque que cargan palos y machetes, vestidos de playeras negras, gorras y pañuelos en sus rostros para no ser identificados.

En seis horas, camas, mesas, sillones, trastes de cocina y camastros quedan arriba de una mudanza y los turistas en la calle con sus maletas. En seis horas, el ejidatario Joel Tovar deja de tener la posesión de 4,500 metros cuadrados de su parcela del ejido José María Pino Suárez y el español Andrés Pérez pierde su ahorros en el hotelito en que había invertido y que administraba desde hacía cinco años.

En esta franja costera todo es confuso y absurdo: La Junta de Conciliación y Arbitraje entregó el terreno y el hotel a un par de particulares que inventaron ser trabajadores despedidos injustificadamente, dijeron tener sueldos al mes de 753,234 pesos e interpusieron un juicio laboral contra otras personas (no contra Joel ni contra Andrés) que dicen ser dueñas de esa franja de la costa.

El supuesto salario de los ex trabajadores despedidos es 3.6 veces más alto que el del Presidente Enrique Peña Nieto, quien percibe 208,570 pesos brutos.

La “ley fue justa” pues a los supuestos patrones los condenaron a pagar 200 millones de pesos a esos dos empleados, y para hacer efectivo el pago embargaron los hoteles.

Joel y Andrés nunca conocieron a las personas que les demandaron y dicen jamás haberse enterado de ese juicio que fue utilizado para despojarlos de sus bienes. El absurdo se apodera de todo: el gobierno del estado encabezado por Roberto Borge habría dejado, a través de la falsificación del registro de la propiedad y de un dudoso juicio laboral sin su patrimonio para proteger a falsos trabajadores de falsos dueños.

Esa mañana de mayo la escena se repite en tres hoteles más: Cabañas Ixchel, Dos Ceibas y Puerta del Cielo.

Y dos años después en junio de 2016, con idéntico proceder la trama del despojo se repite en Tulum.

El despojo al Hotel Playa Azul es sólo uno de los casos que Expansión y Mexicanos contra la corrupción y la impunidad han corroborado, donde empresas y particulares han sido afectados a través de una maquinaria institucional que es operada por una red que involucra a funcionarios públicos del gobierno de Roberto Borge.

Esta red maneja un sistema masivo de fraudes y despojos de casas, departamentos de lujo, edificios y terrenos a particulares para apropiárselos o venderlos a la mitad de su valor. El esquema de despojo también opera mediante el congelamiento y retiro de dinero de cuentas bancarias. Esto le sucedió en marzo y mayo de este año a las empresas Pochteca y Planigrupo, hoy registradas en la Bolsa Mexicana de Valores, y a varias empresas locales y multinacionales entrevistadas que no permitieron citar su nombre en esta investigación por temor a represalias.

Los denunciantes señalan que la estrategia está montada en juicios laborales falsos o amañados por medio de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, o mediante compras irregulares avaladas por el Registro Público de la Propiedad y al menos una notaria pública a través de juicios civiles exprés.

Los protagonistas de estos son el exsecretario del Trabajo, Patricio de la Peña; el subsecretario del trabajo en la zona norte, Enrique de la Cruz Pineda; el presidente de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje, Alexis Zavala Ávila; y el exdirector del Registro Público de la Propiedad y del Comercio (RPPyC), Carlos Lima, recientemente nombrado magistrado por el Congreso local a propuesta directa del gobernador. El nombramiento quedó aprobado junto con el llamado “paquete de impunidad” para el gobernador priista.

A final de cuentas, varios de los compradores de esos inmuebles en disputa son funcionarios municipales y políticos del PRI y Partido Verde, que se vieron beneficiados en transacciones a menor precio que lo que se establecía en su momento.

No existe una cifra global que pueda dar cuenta del tamaño de la afectación, pero tan solo en cuatro de los casos —cuyos expedientes se tienen—, una muestra mínima de lo sucedido en el estado, el daño rebasa los 340 millones de pesos.

Este esquema de despojos de bienes y congelamientos de cuentas bancarias tiene más de cinco años que opera en el estado. Roberto Borge conoce las afectaciones a través de desplegados, de notas de medios locales y nacionales —como uno publicado en septiembre de 2015 por la periodista Lydia Cacho—, por manifestaciones de afectados como los de Tulum, además de reclamos directos de empresarios y políticos que conocieron la situación.

Ante los hechos, representantes del empresariado local buscaron a Borge a través de su secretario de Gobierno. La respuesta fue crear una mesa de diálogo en diciembre de 2015 con parte de los involucrados en su operación.

Los empresarios quedaron sorprendidos al ver que la mesa fue coordinada por quienes consideraban responsables del despojo: el entonces secretario del trabajo, Patricio de la Peña y el subsecretario, Enrique de la Cruz Pineda.

En enero de 2016 el gobierno y las cámaras empresariales firmaron un convenio para mejorar el actuar de las Juntas Locales de Conciliación a fin de hacer más transparentes los juicios laborales contra sus empresas. Eso no surtió efecto y a lo largo del 2016 los fraudes y despojos de inmuebles tierras y dinero a través de juicios laborales continuaron.

Varios de los funcionarios involucrados siguen en sus cargos y las operaciones continúan. Otros han conseguido cargos de elección popular. Tras la derrota electoral de la alianza PRI-PVEM en el estado, el congreso local controlado por Borge eligió a puerta cerrada y en un hotel de Cancún, a Javier Félix Zetina González —primo del exgobernador Félix González Canto, padre político de Borge— como el nuevo titular de la Auditoría Superior del estado.

Estos despojos amparados por la autoridad se dieron en un estado al borde de la ruina. Quintana Roo es el estado del país con mayor deuda por habitante. Debe 2.5 veces el dinero que recibe al año de la Federación (el promedio nacional es 0.8 veces) según un reporte de abril del Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados. Es la segunda deuda más cara del país, por encima de Tlaxcala. La calificadora de deuda S&P, que evalúa la capacidad financiera de los estados, prevé un déficit después de gasto de inversión de 10% de sus ingresos totales en el periodo 2016-2017 si el estado no corrige el rumbo.

El gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto conoce el caso aunque sea porque el 29 de mayo de 2014 se publicó un desplegado a plana completa en El Universal donde se explica la problemática de despojos en Tulum y la violencia que se ejerce contra ellos para presionarlos a dejar sus tierras. Una fuente que no se quiso identificar señala que la Presidencia turnó el caso a la Procuraduría Agraria. (Expansión, leer reportaje completo en http://expansion.mx/nacional/2016/07/06/los-piratas-de-borge-el-saqueo-de-bienes-institucionalizado-en-quintana-roo)