Playa del Carmen, MX.- La concesionaria del sistema de parquímetros de Playa del Carmen entregó al Ayuntamiento de Solidaridad en la administración pasada entre 14 y 16 millones de pesos, los que, se supone, debían ser aplicados para obras viales.

Gran parte de estos recursos, sin embargo, no fueron aplicados y se ignora su destino.

Lo anterior fue revelado por Diego Gracidas Martínez, director de la empresa Promotora de Reordenamiento Urbano, la concesionaria de estos parquímetros, quien dijo que actualmente recaudan cerca de medio millón de pesos para el gobierno municipal, tan solo por el 25% de sus ingresos. A eso se le deben añadir los recursos por multas y por las inmovilizaciones.

En entrevista, el directivo confirmó que la pasada administración (que presidía Laura Beristain Navarrete) no dejó obras con los recursos generados y que el actual gobierno está ocupado en buscar dónde quedaron estos fondos.

“No se aplicó el recurso y no sabemos dónde está, pero estamos para apoyar en las obras que correspondan”, señaló Gracidas Martínez, quien aclaró que ellos no son autoridad, por lo que únicamente entregan los recursos, de los cuales tienen los recibos correspondientes.

“Hay mucha apertura por parte de la nueva administración hacia la posibilidad de obras con estos ingresos, por lo que revisan el destino de los mismos desde el inicio”, comentó.

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El gobierno actual, de Lili Campos Miranda, ya solicitó la ampliación del sistema de renta de bicicletas, actualmente con 44 estaciones en la ciudad. Es un tema que la empresa analizará el año próximo.

Diego Gracidas defendió la utilización de este sistema de parquímetros, que redujo la ocupación de espacios en el centro de un 80% a un 30%, en beneficio de turistas.

‘NO SOMOS AUTORIDAD’

El directivo fue cuestionado sobre la aparente impunidad que gozan ciertas personas que no pagan por parquímetros, lo que primero negó, pero luego aclaró que es una atribución de la Dirección de Tránsito, pues ellos solo acompañan a las inmovilizaciones.

Gracidas aceptó que los alrededores de la notaría de la hoy diputada local, Cristina Torres Gómez, no habían sido pintados con los cajones del sistema de cobro, pero esto ya fue rectificado, luego de ser denunciado en la prensa.

La avenida Aviación, sin embargo, es una zona federal, por lo que allí no aplica la concesión, sino el reglamento de Tránsito.

En cuanto a la avenida 1 Sur, en donde la CROC hace un año obligó a Tránsito a retirar unas “arañas” colocados en unos vehículos, y donde ya no han vuelto a ser multados, Gracidas precisó que es deber de Tránsito aplicar estas sanciones, ya que Playaparq no es autoridad. Únicamente acompaña para auxiliar en esta diligencia, insistió.

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