Autoridades municipales y estatales han torcido o quebrantado leyes para facilitar los permisos requeridos para el proyecto inmobiliario Taema, a ser construido en la delegación de Puerto Aventuras y que ha estado inmerso en polémica por incumplimiento e incluso fraude hacia compradores e inversionistas belgas.
Una investigación realizada por Quinta Fuerza revela que el proyecto es gestionado desde hace 10 años por estos inversionistas, incluso obtuvo la autorización por parte de Román Rivera Torres, apoderado legal del fideicomiso Puerto Aventuras, para la construcción de un túnel por debajo de la carretera federal, para ligar estos terrenos con este desarrollo. Los futuros compradores contarán, para esta finalidad, con un “pasaporte” que les brindaría acceso a estas áreas comunes.
Quinta Fuerza cuenta en su poder con los documentos notariales, solicitudes y avalúos, en donde se evidencias múltiples irregularidad y actos de corrupción, para obtener permisos sin cumplir con los requisitos de ley. Incluso se han simulado obras para así presentar un falso avance entre los compradores.
El proyecto de Taema (palabra de Tahiti que quiere decir “llegando al destino”) todavía no se ha concretado, sin embargo la corrupción ha escalado al grado que hasta podrían contar con su propia pista de aterrizaje, para que aviadores aficionados puedan llegar directamente a su casa en aeroplano.
Para lograr lo anterior, se cuenta con un fideicomiso, originalmente “Terra Nova Puerto Aventuras”, para administrar el predio rústico “San Vicente”, sobre el que supuestamente se edificarían estas villas, en régimen condominal.
Atractivo en la superficie, el proyecto esconde en su interior una cadena de fraudes, para ocultar la falta de efectivo por parte de esta empresa.
Por ello, aceleraron indebidamente los permisos, con complicidad de altos funcionarios tanto de la Dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Solidaridad, como de la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedetus) del Gobierno del Estado, Quinta Fuerza cuenta con los documentos que detallan este fraude y que por su importancia ameritan una publicación separada, mañana.
Con estas autorizaciones en mano, estos empresarios pudieron lotificar y vender estos desarrollos, para obtener dinero para la construcción, pero sin tener servicios u otros requisitos básicos.
TÚNEL A PUERTO AVENTURAS
Como parte de este proceso de obtención de autorizaciones y para darle mayor credibilidad al proyecto, Jean Damien de Terwangne, el administrador único de la desarrolladora de Taema, Terra Nova Puerto Aventuras S. Al, obtuvo la venia para la construcción de un túnel por debajo de la carretera federal 307, para unificar este nuevo proyecto con el desarrollo de Puerto Aventuras.
Así, el 15 de diciembre de 2014, obtuvo el documento membretado y firmado por el apoderado legal del fideicomiso Puerto Aventuras, Román Rivera Torres, en el que se indica que este desarrollo turístico “no tiene inconveniente en que realice los trámites necesarios ante las diferentes Dependencias Gubernamentales, tanto Federales como Estatales y Municipales, para obtener los permisos necesarios para llevar a cabo la construcción de un túnel o puente para comunicar los terrenos propiedad de su representada (el rancho San Vicente) con la propiedad Puerto Aventuras.
Para este entonces, no se contaba con autorización ambiental, estudios de viabilidad o autorización de la SCT para afectar una carretera federal.
También se signó un acuerdo para que quienes compraran en Taema pudieran utilizar las instalaciones y amenidades de Puerto Aventuras, lo que fue utilizado por Jean Damien de Terwangne y por su director operativo, Romain Marie Luc Arnaud, para vender estos millonarios lotes. Sin embargo, incumplieron su parte del acuerdo y ya fueron demandados por la Asociación de Colonos de Puerto Aventuras.
Terra Nova Puerto Aventuras obtuvo después de estos acuerdos las autorizaciones ambientales con la Semarnat, pero solo para obtener el cambio de uso de suelo, de forestales a suburbano, sin detalles o permiso para desmontar o construir cualquier tipo de vivienda o instalaciones.
Lo segundo vendría mucho después, hasta 2018, recibiendo una respuesta hasta apenas 2019, aunque para entonces de manera irregular ya contaba con toda clase de permisos municipales y estatales, y ya estaba volcado de lleno en la comercialización de estos espacios que todavía no tenían autorización federal.
Mañana Quinta Fuerza brindará detalles de las ilegalidades cometidas en la obtención de estos permisos, que implican a funcionarios del ámbito municipal y estatal.
