Tanto el Ayuntamiento de Puerto Morelos, como la XVII Legislatura y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), decidieron por separado no dar su aval para dos contratos millonarios hechos por el Municipio y personas morales, en la administración de Laura Fernández Piña, pues detectaron irregularidades en su asignación.
Al menos, así lo señalan en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo (POE) que publicó hoy el acuerdo para que la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta de la XVII Legislatura atraiga los contratos CMPMICONIAPP/01/2021 y CMPMICONIAPP/02/2021 celebrados por el gobierno de Laura Fernández Piña en Puerto Morelos; así como dar marcha atrás a dichos contratos por daño al erario del Municipio.
El primero de dichos contratos tiene que ver con la construcción de un nuevo Palacio Municipal en la intersección de la carretera Federal 307 y la entrada a la Ruta de los Cenotes por esa vía, cuyo costo estimado es de 264 millones 848 mil 279.81 pesos; el segundo es con la prestación del servicio para el mantenimiento de alumbrado público por 20 años, cuyo monto es de 384 millones de pesos (con IVA), pagaderos mediante aportaciones mensuales por la cantidad de 1 millón 590 mil pesos.
Y es que el Ayuntamiento de Puerto Morelos que preside Blanca Merari Tziu Muñoz, en su Décima Novena Sesión Extraordinaria celebrada el 1 de junio pasado, resolvió que el contrato identificado con el folio CMPM/CON/APP/01/2021 y celebrado para crear la “Unidad de servicios administrativos ‘Puerto Morelos’, consistente en un centro de atención a los ciudadanos, oficinas Administrativas para la prestación de los servicios públicos del municipio”, sea revisado por la XVII Legislatura.
El contrato para la prestación del servicio fue firmado por el Ayuntamiento (2018-2021) que presidió la aún diputada federal Laura Fernández Piña, con la persona moral denominada INOCARIBE SA de CV, hasta por la cantidad de 264 millones 848 mil 279.81 pesos. La razón fue por la falta de claridad financiera, la información incompleta y las condiciones contrarias detectadas a lo publicado y autorizado por el Legislativo, también fue negado darle de alta en el Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios.
Después de un análisis donde comparecieron autoridades de Puerto Morelos, la Comisión de Hacienda, Cuenta y Presupuesto de la XVII Legislatura, determinó no avalar dichos contratos celebrados por Laura Fernández Piña; porque “el extesorero municipal, Eligio Sierra Peña, ingresó el trámite el último día de la administración de Fernández Piña”, o sea el 29 de septiembre de 2021. Además, el Fideicomiso número 752221 fue creado exprofeso el 28 de septiembre de 2021.
SEGUNDO CONTRATO MILLONARIO
El segundo contrato observado por el Cabildo de Puerto Morelos es el creado poco antes de concluir su anterior periodo de gobierno de Laura Fernández Piña, donde ella y su cabildo aprobaron la creación de una Asociación Pública-Privada (APP) para el mantenimiento de la red de alumbrado público, por un plazo de 20 años.
La empresa elegida fue OFN Quintana Roo, S.A. de C.V., constituida en julio del 2021; es decir, expresamente para esta operación, pues su periodo como alcaldesa concluiría el 30 de septiembre cuando Blanca Merari Tziu rindiera protesta. Empresa que resultó estar ligada a Carlos Alberto Moyano Menchaca, esposo de la entonces alcaldesa Fernández Piña.
El contrato CMPMICONIAPP/02/2021, identificado como “proyecto para el desarrollo de un sistema integral de eficiencia energética y mejoramiento de la calidad del servicio de alumbrado público, con cobertura en la totalidad de la zona urbana de la cabecera municipal y en las principales localidades del municipio, incluidas las zonas turísticas”, fue por la cantidad de 292 millones 810 mil 459.82 pesos (más IVA), que también fue echado para atrás de acuerdo con el Dictamen de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta de la XVII Legislatura emitido el 5 de junio pasado.
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En conclusión, será a partir de mañana 4 de agosto cuando estos dos contratos hechos por la administración de Laura Fernández Piña queden sin efecto y extintos los títulos de concesión. Las justificaciones de las entidades y las dependencias que analizaron los expedientes son:
Es ilícito, toda vez que incumple la disposición legal prevista en el párrafo último del artículo 25 de la Ley de Asociaciones Público-Privadas para el Estado y los Municipios de Quintana Roo. Existe la imposibilidad legal de llevar a cabo su inscripción en el Registro Público Único de Financiamiento y Obligaciones de las Entidades Federativas y Municipios. Es legalmente imposible su ejecución, al existir la prohibición legal expresa de disponer o desembolsar cualquier cantidad para su ejecución.
“Se habilita y se instruye al ciudadano Alberto Arelle Sergent, Sindico Municipal; y/o al ciudadano Jesymar Castillo Arangute, Director de Asuntos Jurídicos y Consultivos y/o al ciudadano Carlos Fermin Canul Herrera, Coordinador de Apoyo Jurídico Interior adscrito a la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Consultivos para que de manera conjunta o por separado notifique el Presente Acuerdo a la persona moral denominada Inocaribe SA de CV” y a la persona moral denominada OFN Quintana Roo SA de CV.
