SCJN reabre caso Guardería ABC por derechos humanos
La Suprema Corte determinó que los delitos del incendio de 2009 no pueden prescribir por tratarse de graves violaciones a los derechos de la niñez.
A 16 años del incendio que marcó a México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó por mayoría de votos que los delitos vinculados con la tragedia de la Guardería ABC no pueden considerarse prescritos, al estar relacionados con graves violaciones a los derechos humanos de niñas y niños.
La resolución no modifica las condenas ya dictadas ni implica nuevas sentencias inmediatas, pero mantiene abierta la posibilidad de continuar investigando y sancionando a personas que pudieran tener responsabilidad en los hechos. Para los familiares de las víctimas, la decisión representa un reconocimiento de que la búsqueda de justicia sigue pendiente.
Una tragedia que marcó la memoria nacional
El 5 de junio de 2009, un incendio originado en una bodega contigua utilizada por la Secretaría de Hacienda del Gobierno de Sonora se propagó hacia la Guardería ABC, una estancia infantil subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicada en Hermosillo, Sonora.
El resultado fue devastador: 49 niñas y niños perdieron la vida y más de un centenar resultaron con lesiones, muchos de ellos con secuelas permanentes. Las investigaciones posteriores documentaron deficiencias en protección civil, fallas en salidas de emergencia, materiales altamente inflamables y omisiones reiteradas en las inspecciones a las instalaciones.
Condenas reducidas y señalamientos sin resolver
Los procesos penales derivaron inicialmente en cargos contra más de veinte personas. Algunas recibieron condenas por homicidio y lesiones culposas; sin embargo, amparos y revisiones judiciales posteriores redujeron de manera significativa las penas. Sentencias que originalmente superaban los 20 años de prisión terminaron en poco más de cinco años, lo que generó indignación entre los colectivos de padres y madres afectados.
A lo largo de los años también surgieron señalamientos sobre presuntas presiones para impedir que funcionarios de alto nivel comparecieran ante los tribunales. En 2022, declaraciones de un exministro de la Corte sobre una supuesta intervención para proteger a personas influyentes reavivaron el debate.
Con el fallo adoptado esta semana, la Suprema Corte envía un mensaje en el ámbito jurídico: las violaciones graves a los derechos humanos de la niñez no pueden quedar sin investigar por el simple transcurso del tiempo, y la obligación del Estado de esclarecer los hechos permanece vigente independientemente de los años transcurridos.
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Fuente: Luces del Siglo
