La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) obtuvo la vinculación a proceso de dos personas, Omar “N” y Vania “N”, por su probable responsabilidad en los delitos de abuso sexual y trata de personas.
El caso estremece a la opinión pública al revelar una cadena de agresiones sistemáticas cometidas contra una adolescente de apenas 14 años dentro de su propio círculo familiar.
Según las investigaciones, la víctima sufrió violencia reiterada durante más de una década, situación que salió a la luz gracias a una denuncia presentada por su padre tras una revelación escolar.
El proceso judicial inició formalmente después de que la menor relatara los hechos durante una entrevista psicopedagógica en su institución educativa.
En su testimonio, la adolescente señaló directamente a su tío como el autor de agresiones sexuales constantes iniciadas en el año 2010. La víctima explicó que los ataques ocurrieron de manera repetida en el domicilio donde ambos residían, sin que ella pudiera encontrar una vía de protección o auxilio inmediato ante la conducta depredadora de su pariente.
Combaten explotación sexual en el entorno familiar
La investigación dio un giro aún más oscuro al descubrir la presunta participación de la madre de la menor en los eventos más recientes.
El Ministerio Público sostiene que, en 2024, Vania “N” condujo a su hija mediante engaños a un hotel con el objetivo de entregarla nuevamente a su tío.
Las autoridades cuentan con indicios de que la madre facilitó este encuentro y, presuntamente, recibió un pago en efectivo a cambio de permitir que el agresor violentara una vez más a la adolescente.
Detectives de la Policía de Investigación (PDI) ejecutaron las órdenes de aprehensión los días 16 y 17 de febrero de 2026, tras reunir las pruebas documentales y testimoniales necesarias.
Tras la captura, un juez de control analizó los datos de prueba y determinó que existían elementos suficientes para procesar a ambos imputados.
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La autoridad judicial dictó prisión preventiva justificada, asegurando que los acusados permanezcan bajo custodia mientras se desarrolla el juicio para evitar cualquier riesgo hacia la víctima o la investigación.
El magistrado estableció un periodo de tres meses para que las partes involucradas realicen la investigación complementaria y aporten nuevas evidencias al expediente.
Durante este tiempo, la Fiscalía profundizará en el entorno de la menor para descartar la existencia de otras posibles víctimas o cómplices dentro del esquema familiar.
La institución enfatiza que este caso representa una prioridad absoluta debido a la vulnerabilidad de la afectada y la gravedad de las conductas imputadas a sus cuidadores directos.
Con información de: La Jornada
