¿Por qué la Fiscalía General del Estado depura a sus malos elementos?
Limpian la corporación de policías ministeriales que han estado implicados sobornos y no han pasado los exámenes control y confianza.
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Quinta Fuerza - Miriam Barrios·

Cancún.- Policías ministeriales solo con primaria terminada, implicados en actos de tortura, en sobornos, sin pasar los exámenes control y confianza o incluso trabajando con un amparo para no ser detenidos por alguna causa penal. Esta es la composición del grupo de agentes “inconformes” que tratan de desestabilizar la Fiscalía General del Estado para continuar operando a sus anchas, en detrimento de la ciudadanía, que requiere una procuración de justicia eficiente, sobre todo, limpia.
Existen 88 agentes que no aprobaron la evaluación de Control y Confianza y 37 de estos ya están en proceso de ser dados de baja, aunque muchos de ellos se han amparado para evitar ser separados de sus funciones.
Entre los motivos por el que reprobaron, está el haber pedido dinero a denunciantes para agilizar sus investigaciones, consumir drogas, tener depósitos de dinero inexplicables, infligir o tolerar actos de tortura, violencia familiar, por mencionar algunas.
51 agentes todavía tienen la oportunidad de volver a presentar este examen, pero si no han cambiado sus circunstancias, es muy probable que vuelvan a fracasar, en cuyo caso, al igual que con los primeros 37, procede su baja en automático. Esto, por ser una exigencia federal, marcada en la ley y que es de obediencia obligatoria para la Fiscalía.
A esto, se suman los agentes con falta de escolaridad, uno de los principales desafíos que abordó desde su llegada el actual fiscal general del Estado. Por increible que parezca, hay 75 policías de Investigación solo con primaria y 352 solo con secundaria; esto en violación de lo que marca la ley, a nivel federal y estatal. Aunque la exigencia de tener siquiera el bachillerato concluido existe desde hace dos años, estos agentes no han concluido sus estudios.
Ante esto, el año pasado el fiscal ordenó que se reasignen tareas para que se quite de la integración de expedientes a personal que no tenga los estudios suficientes o no cuenten con una carrera afín al derecho. Integrar una averiguación requiere del conocimiento de la ley, para tipificar conductas, respetar garantías y aportar evidencias de manera correcta. De lo contrario, se corre el riesgo que el sospechoso quede libre.


