Fiscalía Anticorrupción de Quintana Roo investiga a Laura Fernández Piña

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Fiscalía Anticorrupción

Fuente: Sol Quintana Roo

Puerto Morelos.- Las aguas comienzan a tomar su cauce y nivel en el Estado, y quienes durante años han hecho del erario público su negocio privado o familiar están siendo detenido en seco. Este es el caso de la presidenta municipal de Puerto Morelos, Laura Aylín Fernández Piña, quien luego de tres años al frente de dicho Ayuntamiento está a punto de tener que rendir cuentas reales.

Fiscalía Anticorrupción de Quintana Roo investiga a Laura Fernández Piña

La Fiscalía Anticorrupción de Quintana Roo, ante diversas denuncias públicas y en proceso inició una minuciosa investigación a la primera edil por posibles “inconsistencias”, desvíos económicos y fraude, entre otros posibles delitos.

Como se recordará, en el mes de marzo de 2018, Sol Quintana Roo denunció públicamente, con pruebas documentadas, como Fernández Piña con una empresa ficticia pretendió regularizar las invasiones realizadas en “Tierra Nueva” y “La Fe”, trabajando coordinadamente con la Constructora Rural y Urbana del Sureste S.A. de C.V., la cual no cuenta con domicilio fiscal ante el SAT, ni ante el Registro Público de la Propiedad y el Comercio.

Con esa empresa “fantasma”, Laura Fernández abrió la puerta a la comercialización de 460 lotes ocupados por familias de paracaidistas; el negocio que fraguó la alcaldesa ante los ojos de las autoridades hacendarias y de la Secretaría de Economía, ascendió a 73 millones 600 mil pesos.

Este medio informativo fue el primero en hacerlo público, en su momento, así como utilizó las empresas fantasmas para adjudicarse de predios invadidos que entregó, en su mayoría, a Félix González Canto y Roberto Borge Angulo como pagó por obtener de nuevo la candidatura que fue negociada en lo “obscurito” y quienes a su vez regalaron en el pasado sexenio.

En junio de ese mismo año, investigaciones realizadas por Sol Quintana Roo revelaron que por instrucciones de Fernández Piña, su socio, el diputado Tirso Esquivel Ávila ejecutó las falsificaciones para fraguar el fraude de los predios invadidos propiedad de Laura Patricia Rodríguez Espíndola y Francisco Poot Dzib, respectivamente, otorgados por la Junta Especial Número Tres de Conciliación y Arbitraje luego de haber ganado el alegato laboral 610/2010 en contra de la empresa “Constructora Rural y Urbana del Sureste S.A. de C.V.

El plan del despojo lo desarrolló Tirso Esquivel Ávila junto con el ex director del departamento de reserva territorial del IPAE de Quintana Roo, Simeón Zapata Pisté, ambos con amplio conocimiento en la falsificación de documentos para adueñarse de las tierras ajenas.

En ese entonces, personal de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología de Puerto Morelos inconformes aseguraron que ambos personajes (Tirso y Simeón) falsificaron no sólo documentación del predio donde están asentadas las colonias “La Fe” y “Tierra Nueva”, sino que por los menos otros tres predios de alta plusvalía.

Laura Fernández, con la ayuda de sus cómplices y empresas “amigas” -a quienes les paga millones de pesos para ejecutar obra pública y/o suministro de gasolina- no sólo se apoderó de los terrenos, sino que además hasta recibió dinero en efectivo y/o especie por incluirlos en el plan de saqueo, dinero que despilfarra en sus viajes de placer a Europa, como sucedió hace unas semanas luego de que ordenó disminuir el sueldo a sus burócratas.

De hecho, la presidenta municipal de Puerto Morelos, en su momento, también se repartió el botín de su municipio con su ex homólogo Remberto Estrada Barba, con quien dividió las ganancias obtenidas en Alfredo V. Bonfil y las zonas colindantes con Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas.

Manipuló dependencias e instituciones para despojar de las tierras y defraudar a los invasores, y de esa forma hacer las cosas “legales”, para ella. El historial ante el Registro Público de la Propiedad y el Comercio del folio mercantil 160761 correspondiente al predio donde están asentadas las colonias irregulares “La Fe” y “Tierra Nueva”, descubre el contubernio de las autoridades estatales y municipales con delincuentes de “cuello blanco”.

Más sobre la investigación

En investigación realizada por Sol Quintana Roo sobre el despojo y fraude de tierras se exhibió la clara participación de autoridades estales de la pasada y actual administraciones, específicamente de funcionarios de la Junta de Conciliación y Arbitraje y del Registro Público de la Propiedad en Quintana Roo.

Documentos filtrados y en poder de este medio informativo, muestran la ruta crítica que fue torciendo la legalidad del predio a partir del 12 de agosto de 2005, cuando se realizó la primer subdivisión de 99 mil 916.71 metros cuadrados y nace la escritura 17-36-1-07, pasando por el Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública de Quintana Roo (IPAE), quien realiza el traslado de dominio a la empresa “Constructora Rural y Urbana del Sureste S.A. de C.V.”, el 4 de octubre de 2006.

Lo más grosero del caso se da en 2017, cuando con documentos de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje ordenan al Registro Público de la Propiedad y el Comercio anular los embargos y las órdenes de remate derivadas de laudos laborales sin haber recibido sus respectivas indemnizaciones.

Hay que tomar en cuenta que con la ayuda del terrateniente yucateco Luis Felipe Castillo Campos, su súper asesor y cómplice, planeó apoderarse de vastas extensiones en el municipio más joven de Quintana Roo.

Su primer golpe fue la simulación de una supuesta compra-venta de 500 lotes de las colonias irregulares “La Fe” y “Tierra Nueva”, pero van por más, pues entre ambos se apoderaron de la Comisaría Ejidal, que tiene reservas territoriales de alta plusvalía.

Además de los fraudes de tierras, Laura Fernández Piña hizo y hace negocios con el enemigo para beneficiarse directamente con sus acciones y evitar, totalmente, a la justicia federal y estatal. Lo mismo invierte 22 millones de pesos en recolecta de basura, que 5 millones de pesos para la adquisición de combustible en un municipio sin garantías.

La astucia y “benevolencia” de la Presidenta municipal se ha convertido en un verdadero ícono de la traición y el resurgimiento, es decir, su manera de mentir y conseguir sus metas, al precio que sean, le han dado resultado.

Forjada por las más altas temperaturas de la corrupción, la alumna más avanzada de Félix González Canto y Roberto Borge Angulo ha sabido jugar con ellos. Los puso a sus pies y en el momento exacto los traicionó. Adquirió de ellos toda la sabiduría de la maldad y la conexión de los saqueos; es por eso, que durante varios años jugó junto ellos, como lo hizo de nuevo en las pasadas elecciones de 2018.

En su primera fase de presidenta municipal hizo dos grandes robos y farsas bien montadas: Contrató en 22 millones de pesos a la empresa Transportes Especializados Ruga S.A. de C.V., para encargarse de la recolección, transportación y disposición final de los residuos sólidos. Aunque el municipio siempre estuvo sucio y pestilente.

Contrató suministro, administración y control de combustibles a través del Sistema de Tarjetas Electrónicas a la empresa Sistema Inteligente de Administración del Sureste S.A. de C.V., a quien le compró 5 millones 300 mil pesos para el suministro de un municipio que apenas cuenta con un parque vehicular minoritario.

Y para rematar, basta con mencionar que su administración erogó más de 20 millones de pesos en la construcción de domos deportivos, cuando en todo el municipio sólo existen TRES, y cada uno, según el “Gobierno del Cambio” tiene un costo superior a los 2 millones de pesos… ¿Y los demás 14 millones?

Todo lo anterior denunciado públicamente por Sol Quintana Roo con documentos y pruebas fehacientes de las informaciones plasmadas en nuestras páginas digitales y nuestro periódico impreso.

Dicho contrato lo celebró con la empresa Sistema Inteligente de Administración del Sureste S.A. de C.V., mejor conocida en Quintana Roo como Grupo Gas, a quien le adquirió Tarjetas Electrónicas, de acuerdo con el MPM/OM/LRP/ADQ/001/2018 para el óptimo desempeño de las labores que se realizan en las diversas áreas del ayuntamiento de Puerto Morelos.

El contrato destacaba por la forma en que fue formulado, que en las cláusulas sólo se menciona la cantidad de combustible adquirido, pero en ninguna de ellas plasmadas en el contrato, así como tampoco se menciona cada cuando se pagará dicha cantidad.

Es decir, Laura Fernández Piña gobierna con un comportamiento similar al realizado en la administración de Roberto Borge Angulo, donde el secretario de Finanzas y Planeación (Sefiplan), Juan Pablo Guillermo Molina, realizó contratos similares (chuecos), de los cuales salieron beneficiados.

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La desesperación y falta de empatía para con los puerto-morelenses está causando desesperación y temor a la presidenta municipal, Laura Fernández Piña, porque ahora sí siente pasos en la azotea y sabe que pronto podría terminar su reinado de perversidad, despojo e ignominia.

El reportaje completo y los documentos de la investigación se pueden encontrar en el portal de Sol Quintana Roo, dando click aquí.

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