Denuncian ante Anticorrupción a cuatro funcionarios de Economía por el caso Canaco
Anameli Dávalos Vázquez, César García Mondragón, Jorge Adrián Azuara Sánchez y Jared David Velázquez Rioja son señalados por avalar el 16 de julio a la mesa directiva que la propia Secretaría se había negado a reconocer seis semanas antes. El denunciante pide medidas cautelares y vista a la FGR.
PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.— Cuatro funcionarios de la Secretaría de Economía (SE) fueron denunciados ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno por presuntas faltas administrativas graves y probables conductas constitutivas de delito: Anameli Dávalos Vázquez, César García Mondragón, Jorge Adrián Azuara Sánchez y Jared David Velázquez Rioja.
El motivo: la resolución de verificación que esa dependencia habría emitido el 16 de julio a favor de la mesa directiva que dice encabezar la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Playa del Carmen (Canaco Servytur). La misma mesa directiva que, seis semanas antes, la propia Secretaría se había negado a reconocer.
La presentó un afiliado de la Cámara. Quedó sellada el 23 de julio en dos ventanillas: la Dirección General de Denuncias e Investigaciones de la Secretaría Anticorrupción y el Órgano Interno de Control de la propia Secretaría de Economía. Copia de los escritos obra en poder de esta redacción.
Quiénes son y qué les imputan
Los cuatro, con el nombre y el cargo que les asigna la propia Secretaría de Economía en sus registros de personal:
- Mtra. Anameli Dávalos Vázquez, Directora General de Legislación y Consulta de la Unidad de Apoyo Jurídico de la SE.
- Lic. César García Mondragón, Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico de la SE.
- Lic. Jorge Adrián Azuara Sánchez, titular de la Dirección de Cámaras Empresariales y Desarrollo Regional de la SE.
- Lic. Jared David Velázquez Rioja, titular de la Subdirección de Cámaras Empresariales, adscrita a la Unidad de Apoyo Jurídico de la SE.
El escrito les atribuye presunto abuso de funciones, desvío de poder, omisión de la garantía de audiencia, obstrucción del acceso a la justicia administrativa y fraude procesal, previstos en los artículos 49, 57 y 64 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
En materia penal, el promovente plantea que los hechos podrían configurar abuso de autoridad, ejercicio indebido del servicio público y coalición de servidores públicos, tipificados en los artículos 215, 214 y 216 del Código Penal Federal. Sobre el tráfico de influencias, el propio escrito lo formula condicionado a que la investigación acredite una gestión externa.
Seis semanas
El 15 de marzo, según la denuncia, la Secretaría exigió al Consejo Directivo informar cómo cumpliría la resolución de la Comisión de Arbitraje de la Cámara que había anulado las constancias de registro de la planilla ganadora.
El 27 de abril se declaró "imposibilitada de acordar lo conducente respecto de la documentación del año 2026" y se refirió a Alma Iovana Franco Cervantes con un término que no dejaba lugar a dudas: "presunta presidenta".
El 28 de mayo fue más lejos. Reconoció que la Cámara "debió de abstenerse de celebrar su asamblea anual hasta que el órgano competente emitiera la resolución correspondiente" y declaró que esa autoridad "no ha tomado conocimiento de las personas que ocupan los cargos de Consejeros, Presidente, Vicepresidentes, Secretario y Tesorero para el año 2026".
Seis semanas después, la misma funcionaria que suscribió esas líneas habría emitido la resolución que avala a esa mesa directiva.
En el expediente no consta un solo hecho ocurrido entre ambas fechas que explique el cambio, sostiene el escrito.
Veinticuatro horas
La denuncia señala como pieza central un oficio del 15 de julio, emitido un día antes de la resolución.
El requerimiento de mayo estaba dirigido a la Asamblea General de todos los afiliados. Quien lo habría "atendido", según el escrito, fue Franco Cervantes, con documentación presentada el 18 de junio. El Consejo Directivo 2025 encabezado por Adán Toledo Lucero —el órgano que la propia Secretaría había reconocido como interlocutor— presentó su ruta de cumplimiento dentro del plazo, y la respuesta que recibió fue que la dependencia "se encuentra imposibilitada para tomar conocimiento de las acciones que pretenden realizar" porque el asunto ya estaba atendido.
📰 Tu edición de hoy
Recibe el periódico de mañana a las 7:00 am
El diario para hojear, las claves del día y el podcast ☕ — todo en un correo, todos los días. Gratis, y te das de baja con un clic.
"La Secretaría aceptó la respuesta de quien no era el destinatario del requerimiento, rechazó la respuesta de quien sí lo era", plantea el escrito. Al día siguiente salió la resolución favorable. El promovente sostiene que esas veinticuatro horas acreditan premeditación.
"Personal, directo e indiscutible"
La denuncia sostiene que ninguno de los cuatro puede alegar desconocimiento. Documenta correos enviados el 28 de abril y el 12 de mayo a sus cuentas institucionales, con unos 73 megabytes de documentación adjunta sobre las irregularidades del proceso electoral. En sus términos, el conocimiento fue "personal, directo e indiscutible" antes de que se emitiera la resolución.
El documento que nadie ha visto
Hay un elemento que atraviesa todo el caso: la resolución de verificación del 16 de julio no ha sido exhibida públicamente.
Lo que existe es un comunicado de esa misma fecha, en membrete del "Consejo Directivo 2026-2027" y con sello institucional de la Cámara, en el que Franco Cervantes anuncia que la Secretaría emitió la resolución y que ésta le otorga "plena certeza institucional" para continuar ejerciendo sus funciones. El documento anunciado no se acompañó. La única versión pública del supuesto aval provino de una nota difundida ese mismo día por el portal local La Pancarta de Quintana Roo, construida sobre las declaraciones de la propia Franco Cervantes.
Al día siguiente, el 17 de julio, la consejera propietaria Brisa Blanca Leticia Galván Villalpando presentó un escrito ante la Dirección de la Cámara, con atención a Franco Cervantes, en el que pidió que se le informara "de manera clara, precisa y por escrito" si existe alguna resolución, oficio, constancia, acuerdo, registro, validación, toma de nota o reconocimiento emitido por la Secretaría de Economía que reconozca formalmente su representación como presidenta. De existir, solicitó copia "simple, íntegra y legible". El escrito lleva sello de recibido de la Dirección de la Cámara con fecha 17 de julio y copia del mismo obra en poder de esta redacción.
Ese escrito fue enviado con copia a los cuatro funcionarios hoy denunciados, al titular de la Secretaría de Economía, a la Subsecretaría de Industria y Comercio, a la Presidencia de la República, a la Secretaría de Gobernación y a la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR). Desde el 17 de julio, un día después de la resolución, los cuatro servidores públicos estaban formalmente notificados de que una consejera acreditada cuestionaba la existencia misma del documento.
Hasta el cierre de esta edición no se ha exhibido respuesta a esa solicitud.
El vacío se repite del lado oficial. En el escrito dirigido al titular de la Secretaría de Economía, el promovente pide a la propia dependencia copia íntegra de la resolución, "incluyendo su número, fecha, fundamento legal, autoridad emisora y considerandos", a efecto de poder impugnarla. Es decir: ni quien litiga el expediente conoce el texto del acto que se le opone.
Ebrard y Palacio Nacional
El asunto no se quedó en el Órgano Interno de Control. El 20 de julio el mismo promovente presentó ese escrito al titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, pidiendo además la revisión integral del expediente, la suspensión de los efectos de la resolución y que la dependencia convoque directamente a un nuevo proceso electoral en la Cámara.
Ese mismo día presentó una queja ciudadana ante la Presidencia de la República. El 23 de julio la Dirección General de Atención Ciudadana acusó recibo y notificó que la petición fue canalizada a las dependencias correspondientes.
Lo que se pide
El denunciante solicita que el Órgano Interno de Control requiera a la Secretaría de Economía el expediente completo y los registros de reuniones, comunicaciones y accesos de los cuatro funcionarios entre el 28 de mayo y el 16 de julio, para determinar si hubo coordinación previa. Pide también medidas cautelares para suspender los efectos de la resolución y que, en su caso, se dé vista a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República.
De fondo, según el escrito presentado ante la Presidencia de la República, lo que está en juego es la representación de una institución de interés público de la que dependen cientos de empresarios y comerciantes de Playa del Carmen, hoy encabezada por una mesa directiva cuya legitimidad la propia autoridad supervisora cuestionó por escrito durante cuatro meses.
A casi dos semanas de la resolución, ni los afiliados que la reclaman ni quien la impugna han visto el documento. Y los cuatro funcionarios señalados no han explicado públicamente por qué la dependencia cambió de criterio.
Los hechos descritos corresponden al contenido de escritos de denuncia presentados ante autoridades administrativas y no constituyen determinación de responsabilidad alguna. Las personas mencionadas gozan de la presunción de inocencia hasta en tanto la autoridad competente resuelva lo conducente. Quinta Fuerza mantiene abiertos sus espacios para la réplica de las personas e instituciones aludidas en esta nota.
¿Qué te pareció?
2 reacciones
