Recientemente, se dio a conocer que las órdenes de aprehensión en contra de Juan Pablo Guillermo Molina, quien fuera secretario de Finanzas durante la administración del exgobernador Roberto Borge Angulo, fueron ratificadas por autoridades judiciales en Mérida, Yucatán. Los mandatos siguen vigentes por diversos delitos presuntamente cometidos mientras era funcionario en activo en Quintana Roo.
La confirmación fue emitida por la jueza federal Tania Gabriela González Rosas, titular del Juzgado Primero de Distrito en Yucatán, quien revisó el caso en fechas recientes.
Durante el mes de noviembre, la juzgadora resolvió negar al exfuncionario la suspensión definitiva que había solicitado para evitar su detención. Con esta decisión, las autoridades ministeriales de Quintana Roo, Yucatán y la Ciudad de México pueden ejecutar las órdenes pendientes.
De acuerdo con el expediente 2395/2021 de amparo indirecto, consultado por Sol Quintana Roo y cuyo acuerdo fue publicado este lunes 8 de diciembre en Mérida, Guillermo Molina continúa siendo requerido por distintas instancias por los presuntos delitos de desempeño irregular de la función pública y peculado.
Las acusaciones se originan en presuntos actos cometidos durante su gestión como secretario de Finanzas y Planeación en el gobierno de Roberto Borge Angulo, periodo en el que habría participado en desvíos millonarios y en la venta irregular de terrenos propiedad del estado de Quintana Roo. El quebranto financiero podría superar los mil millones de pesos y cuyo destino aún es desconocido.
La audiencia incidental en la que se revisó la suspensión estuvo pospuesta durante cuatro años. En ella, la jueza determinó negar el recurso luego de que algunas autoridades informaron no contar con órdenes de captura, mientras que otras sí confirmaron su existencia.
Entre las instituciones que señalaron tener mandatos vigentes se encuentran los jueces de control y tribunales del Distrito Judicial de Chetumal, quienes reconocieron que las órdenes siguen activas.
Asimismo, la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo mantiene la facultad para cumplimentar las órdenes, mismas que fueron emitidas inicialmente el 28 de junio de 2017 y ratificadas el 11 de agosto de 2021. La Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo también reportó la existencia de una orden en curso en contra de Juan Pablo Guillermo Molina.
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El expediente menciona además que tanto la Fiscalía de Yucatán como la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México cuentan con autorizaciones judiciales para proceder en caso de localizarlo.
Tras haber sido uno de los funcionarios más influyentes durante la administración borgista, actualmente se presume que Juan Pablo Guillermo Molina permanece prófugo y posiblemente oculto en Yucatán, donde ha intentado frenar los procesos en su contra mediante distintos recursos legales.
Con información de El Sol de Yucatán.
