Hay servicios que no pueden ni deberían verse como simples mercancías: el acceso al agua potable es uno de ellos. Cuando una sociedad empieza a percibir que por un bien tan básico — y tan vinculado a la vida misma e incluso a la salud pública— se pagan tarifas que no parecen reflejar la realidad del servicio ofrecido, es señal de una falla profunda en el contrato social.
En Quintana Roo, las tarifas del agua por parte de la paraestatal han generado enojo ciudadano en municipios como Othón P. Blanco (Chetumal), Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos y comunidades de la zona sur del estado, donde en muchos hogares los recibos han llegado con montos que parecen desconectados del consumo real y del nivel de servicio recibido, con incrementos que en algunos casos han sido del doble e incluso hasta del triple de lo que normalmente se pagaba.
Hay casos relatados por vecinos de Quintana Roo que reportan cobros muy superiores a su uso habitual, sin una explicación técnica convincente y sin una respuesta eficaz por parte de la autoridad, tras solicitar aclaraciones formales.
Este descontento no es exclusivo de esta entidad. En otras partes del país, usuarios han denunciado situaciones similares con paraestatales: recibos altos incluso sin servicio, lecturas anómalas o fallas en medidores, así como dificultades para que las autoridades o los operadores justifiquen o corrijan esos cobros. Aunque cada caso tiene características propias, la percepción compartida es la de una relación desigual entre quienes pagan y quienes prestan el servicio.
¿POR QUÉ PASA ESTO?
Uno de los factores tiene que ver con modelos de gestión del agua, que en muchos lugares no incluyen un mecanismo de regulación efectiva de tarifas o una supervisión ciudadana real. En algunos estados, los precios se han mantenido por encima de la inflación por años, acumulando lo que algunos estudios han descrito como cobros por encima del costo real del servicio. Esto puede provocar que el ciudadano promedio se sienta no solo cargado económicamente, sino también incomprendido y desprotegido.
Además, cuando no se transparentan las estructuras tarifarias con claridad —qué se cobra, por qué monto y con qué criterios técnicos— se alimenta la desconfianza. ¿Cuánto del recibo es realmente por consumo y cuánto por otros cargos? ¿Qué mecanismos existen para revisar medidores o corregir errores? ¿Qué instancias independientes al gobierno pueden arbitrar un conflicto? En muchos casos, la respuesta para el usuario común es: “No hay una ruta clara”.
¡MANOS A LA OBRA!
Inspirados por experiencias internacionales donde la mala gestión pública del agua ha provocado protestas por tarifas injustas y servicios deficientes, es claro que el modelo concesionado no es el problema, sino la forma en que se administran los recursos.
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En muchos casos, las concesionarias han demostrado mayor eficiencia, inversión en infraestructura y mejor atención al usuario, mientras que algunas paraestatales se han convertido en sinónimo de cobros elevados, poca transparencia y servicios irregulares. Por eso, el derecho al agua no debe quedarse en un concepto legal “bonito”, sino traducirse en una gestión justa, equitativa y sostenible.
Y aunque hay quienes defienden estos modelos paraestatales con el argumento de inversión en infraestructura o cobertura total, las personas seguimos sintiendo el peso en el bolsillo y la frustración en el grifo. Eso debe llevarnos a exigir transparencia, rendición de cuentas y, sobre todo, una gestión que ponga el derecho humano al agua por encima de intereses económicos… porque pagar el agua en zonas donde opera la paraestatal en Quintana Roo no debería ser tan caro.
